............ Poesía de y para los Pueblos Originarios
CARTA PÚBLICA DE ESCRITORES, INTELECTUALES Y ARTISTAS MAPUCHES Y CHILENOS A LA SEÑORA MICHELLE BACHELET JERIA, PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Sra. Michelle Bachelet Jeria,
Presidenta de la República de Chile,
Presente:
Ante la grave situación que afecta, una vez más, a las comunidades mapuches de la provincia de Malleco y que ha cobrado una nueva víctima indígena en la persona del joven campesino Jaime Facundo Mendoza Collío, los escritores, artistas e intelectuales mapuches y chilenos abajo firmantes le señalamos lo siguiente:
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1) Consideramos inaceptable que en un sistema político que se autocalifica de democrático, la represión policiaca se haya entronizado sin control alguno en las empobrecidas comunidades mapuches que demandan sus tierras ancestrales. La represión policial en la Araucanía, -que a nuestro juicio es ya una política de Estado- ha terminado con la vida de Alex Lemún (17 años), Matías Catrileo (22 años) y Jaime Mendoza Collío (24 años) en los años 2002, 2008 y 2009 respectivamente.
2) La acción descontrolada y violenta de las fuerzas especiales de carabineros también ha afectado a mujeres, ancianas y niños, quienes han sido gaseados con bombas lacrimógenas, golpeados, humillados y torturados en los frecuentes operativos policiales de allanamiento realizados en la zona. Muchas de estas acciones policiales han sido cubiertas por la prensa nacional e internacional y denunciadas por organismos de DD.HH de Chile y el extranjero.
3) Los procesos judiciales en los que se imputa a comuneros mapuches son rápidamente resueltos, generalmente declarando culpables a los imputados indígenas. No ocurre lo mismo cuando se trata de juicios en que las víctimas son mapuches. Ejemplo claro de lo anterior son los casos emblemáticos de Alex Lemún y Matías Catrileo: sus victimarios, ambos policías, aún no reciben las sanciones debidas.
4) El 42% de la población mapuche de La Araucanía subsiste bajo la línea de pobreza y el 15% vive en la indigencia. Esto significa que en la actualidad más de 100.000 mapuches se mantienen en la extrema pobreza considerando sólo a dicha región. Esto quiere decir, además, que pesar de la política subsidiaria y de “discriminación positiva” que lleva a cabo el Estado, los programas de apoyo a las comunidades indígenas resultan irrisorios e ineficaces para subsanar y reparar una economía mapuche urbana y campesina dañada desde hace más de un siglo por la usurpación y la expoliación sistemáticas.
5) Las comunidades y organizaciones mapuches han demostrado durante estos dos siglos de República, especialmente desde 1883 en adelante -año en que el Ejército anexa mediante una cruenta guerra el territorio mapuche al estado de Chile- su indeclinable vocación para el diálogo y la búsqueda de soluciones concertadas a sus demandas y problemáticas. Sin embargo, el Estado, el poder judicial, las fuerzas policiales y los medios de comunicación chilenos han satanizado, criminalizado, reprimido, distorsionado y castigado todos los procesos sociopolíticos de este pueblo, generando a lo largo de 126 años una vergonzosa e impune cadena de asesinatos, usurpaciones, desalojos, torturas y encarcelamientos que han afectado al menos a cuatro generaciones mapuches.
6) Durante 126 años, a pesar de las condiciones adversas en la que ha tenido que desarrollarse, la población mapuche ha aportado al país su trabajo, su esfuerzo cotidiano y su creatividad, asumiendo a la vez una paciente y pacífica defensa de su identidad y su cultura. Queremos señalar con esto, Señora Presidenta, que LA SOCIEDAD MAPUCHE NO SE HA LEVANTADO EN ARMAS CONTRA LA SOCIEDAD CHILENA; la sociedad mapuche no ha usado armas para plantear sus legítimas demandas, derechos y aspiraciones. Sin embargo, la sociedad chilena y sus instituciones ha dado a la población mapuche un trato sustentado en la violencia militar, claramente discriminatorio, convirtiendo en los hechos al indígena en un sujeto sospechoso y de segunda clase para todos los ámbitos del quehacer nacional.
7) Por último, demandamos a su gobierno el pronto esclarecimiento del asesinato por la espalda del joven Jaime Mendoza Collío, suceso acaecido el 12 de agosto del presente año. Exigimos, además, que se sancione a los culpables materiales e intelectuales de este deleznable hecho y el cese inmediato de las acciones represivas en las comunidades mapuches de La Araucanía. Demandamos de su gobierno acciones concretas tendientes a regenerar un diálogo horizontal y realmente democrático con las comunidades y a hacer efectiva una política indígena inclusiva que incluya el rápido cumplimiento de las promesas y objetivos presentes en el Pacto Reconocer y el Convenio 169.
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2) La acción descontrolada y violenta de las fuerzas especiales de carabineros también ha afectado a mujeres, ancianas y niños, quienes han sido gaseados con bombas lacrimógenas, golpeados, humillados y torturados en los frecuentes operativos policiales de allanamiento realizados en la zona. Muchas de estas acciones policiales han sido cubiertas por la prensa nacional e internacional y denunciadas por organismos de DD.HH de Chile y el extranjero.
3) Los procesos judiciales en los que se imputa a comuneros mapuches son rápidamente resueltos, generalmente declarando culpables a los imputados indígenas. No ocurre lo mismo cuando se trata de juicios en que las víctimas son mapuches. Ejemplo claro de lo anterior son los casos emblemáticos de Alex Lemún y Matías Catrileo: sus victimarios, ambos policías, aún no reciben las sanciones debidas.
4) El 42% de la población mapuche de La Araucanía subsiste bajo la línea de pobreza y el 15% vive en la indigencia. Esto significa que en la actualidad más de 100.000 mapuches se mantienen en la extrema pobreza considerando sólo a dicha región. Esto quiere decir, además, que pesar de la política subsidiaria y de “discriminación positiva” que lleva a cabo el Estado, los programas de apoyo a las comunidades indígenas resultan irrisorios e ineficaces para subsanar y reparar una economía mapuche urbana y campesina dañada desde hace más de un siglo por la usurpación y la expoliación sistemáticas.
5) Las comunidades y organizaciones mapuches han demostrado durante estos dos siglos de República, especialmente desde 1883 en adelante -año en que el Ejército anexa mediante una cruenta guerra el territorio mapuche al estado de Chile- su indeclinable vocación para el diálogo y la búsqueda de soluciones concertadas a sus demandas y problemáticas. Sin embargo, el Estado, el poder judicial, las fuerzas policiales y los medios de comunicación chilenos han satanizado, criminalizado, reprimido, distorsionado y castigado todos los procesos sociopolíticos de este pueblo, generando a lo largo de 126 años una vergonzosa e impune cadena de asesinatos, usurpaciones, desalojos, torturas y encarcelamientos que han afectado al menos a cuatro generaciones mapuches.
6) Durante 126 años, a pesar de las condiciones adversas en la que ha tenido que desarrollarse, la población mapuche ha aportado al país su trabajo, su esfuerzo cotidiano y su creatividad, asumiendo a la vez una paciente y pacífica defensa de su identidad y su cultura. Queremos señalar con esto, Señora Presidenta, que LA SOCIEDAD MAPUCHE NO SE HA LEVANTADO EN ARMAS CONTRA LA SOCIEDAD CHILENA; la sociedad mapuche no ha usado armas para plantear sus legítimas demandas, derechos y aspiraciones. Sin embargo, la sociedad chilena y sus instituciones ha dado a la población mapuche un trato sustentado en la violencia militar, claramente discriminatorio, convirtiendo en los hechos al indígena en un sujeto sospechoso y de segunda clase para todos los ámbitos del quehacer nacional.
7) Por último, demandamos a su gobierno el pronto esclarecimiento del asesinato por la espalda del joven Jaime Mendoza Collío, suceso acaecido el 12 de agosto del presente año. Exigimos, además, que se sancione a los culpables materiales e intelectuales de este deleznable hecho y el cese inmediato de las acciones represivas en las comunidades mapuches de La Araucanía. Demandamos de su gobierno acciones concretas tendientes a regenerar un diálogo horizontal y realmente democrático con las comunidades y a hacer efectiva una política indígena inclusiva que incluya el rápido cumplimiento de las promesas y objetivos presentes en el Pacto Reconocer y el Convenio 169.
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